SE ABANDONA EL ENCIERRO EN MARIA PITA

La plataforma de afectados por las preferentes y subordinadas de A Coruña decidieron ayer abandonar el encierro que venían protagonizando desde el pasado 6 de mayo en el palacio municipal de María Pita. La medida consistía en ocupar los despachos de la oposición -del PSOE, del BNG y de EU-Os Verdes- todos los días desde las 9.30 horas hasta las 20.30 en dos turnos que formaban siete personas cada uno. La decisión de no continuar con esta medida de presión se debe «a que creemos que con el encierro lo único que logramos fue el asesoramiento jurídico gratuito por parte del gobierno local y buenas palabras, pero no vemos mayores resultados y estar allí todos los días no es fácil ni cómodo», indicó Carlos, uno de los afectados.

La plataforma tomó esta decisión una vez que finalizaron la marcha de protesta que transcurrió desde la sede de la antigua Caixa Galicia, en Rúa Nova, por la calle Real, Riego de Agua y finalizó delante del palacio municipal, en María Pita. La intención de los manifestantes, que durante unos diez minutos cortaron al tráfico la calle de San Andrés y Rúa Nova, era entrevistarse con el alcalde y el teniente de alcalde de A Coruña, Carlos Negreira y Julio Flores, pero al llegar a la sede del Ayuntamiento las puertas estaban cerradas y blindadas por una decena de agentes de la Policía Local, que a su vez estaban escoltados por la Policía Nacional.

El mando de la Policía Local les indicó a los manifestantes que tenían orden de no dejarles acceder al palacio de María Pita, lo que avivó los ánimos entre los afectados por las preferentes y subordinadas. Julio Flores envió a una persona para que les comunicase a los manifestantes que estaba en disposición de recibir a una representación, pero estos no aceptaron si no se entrevistaba con todos.

Sin embargo, sobre las 13.30 horas tres miembros de la plataforma entraron en el palacio de María Pita, «para despedirnos de toda la gente que nos trató tan bien», y mantuvieron una reunión con el teniente de alcalde y con la concejala de Empleo y Empresa, Julio Flores y María Luisa Cid. Los dos miembros del gobierno local les mostraron su apoyo de forma incondicional y les dijeron «que lo único que pedían era que se le devolviese la totalidad del dinero que las cajas les habían estafado».
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