Las participaciones preferentes son iguales para todos: un producto complejo, a medio camino entre una acción y un bono (por eso se llaman híbridos de capital) que la banca comercializó de forma masiva, incluso algunos con rentabilidades elevadas, porque le servían para incrementar sus niveles de solvencia. Y con su riesgo. El producto, lo venda quien lo venda, es igual. Pero el perfil de los compradores y las casuísticas, no. Algunos ejemplos que se han conocido en las últimas semanas en los juzgados gallegos ponen de manifiesto las aristas de muchos casos. Hay preferentes vendidas a todo tipo de clientes, como se vio con un millonario coruñés al que el juzgado le dio la razón por desconocer el producto.
Se está condenando a bancos intermediarios por vender preferentes de otros, en situaciones alguna bastante extraña. O se demanda por parte de entidades benéficas, no solo de particulares. Lo previsible es que próximamente aparezcan más preferentes atípicas porque a partir de septiembre se espera una oleda de demandas. Uno de esos ejemplos fuera de lo corriente es una sentencia por la que ordena a un banco que pague 45.556 euros por vender a una pareja de jubilados gallegos preferentes de un banco islandés que quebró.
Se trata de una sentencia inédita porque, si bien algunas entidades vendieron productos de otras nacionalidades, no era una práctica extendida. Sucede que, además, Islandia entró en situación crítica, con varios bancos intervenidos, y sus consecuencias, por lo que se constata ahora, llegan hasta pequeños ahorradores gallegos. (LEER TODO)
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