Quedan en circulación 4.470 millones de euros en preferentes
que no pagan intereses ni han recibido ofertas de canjes; la cantidad
representa apenas el 20% de los 22.500 millones que había en mayo del
año pasado. Pero el número de afectados es importante. Unos 120.000
pequeños ahorradores, según fuentes financieras, tienen su dinero en un
producto que en realidad ya no está bajo la jurisdicción de las
entidades que lo emitieron y que fue creado para poder absorber
pérdidas.
Como contrapartida a los hasta 100.000 millones de euros con los que el España podrá tapar los agujeros del sector financiero, Bruselas impondrá su ley,
y en última instancia serán las autoridades comunitarias -en
conversaciones eso sí con el Banco de España, el Gobierno y la Autoridad
Bancaria Europea (ABE)- las que decidan qué hacer con este instrumento
en caso de bancos que hayan recibido dinero público.
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